Un decreto del Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, establece una importante reducción de los montos que los vecinos porteños deben pagar por la gestión judicial a los mandatarios para la regularización de deudas con la Ciudad en servicios como ABL, Patentes o Ingresos Brutos.
En la Ciudad hay unos 657 mil juicios de la AGIP que están involucrados en la operatoria judicial con mandatarios.
La decisión apunta a aportar soluciones al régimen vigente, que ha provocado que muchos vecinos terminen sumando sumas desproporcionadas por estas gestiones judiciales llevadas adelante por los mandatarios. En algunos casos, incluso, con cifras de honorarios que han superado en un 260 % a las deudas.
Hoy los vecinos que tienen deudas con el Gobierno de la Ciudad en servicios, como ABL, Patentes e Ingresos Brutos, son asignados a un mandatario para que lleve adelante la gestión judicial para cobrar la deuda.
El mandatario tiene garantizado un mínimo de honorarios sujeto a la Unidad de Medida Arancelaria -UMA, hoy de $ 68.285- y ese valor ha ido distorsionando la proporción entre la deuda y el costo por el trabajo realizado que se fue volviendo muy superior a la deuda.
El decreto con los cambios fue publicado en el Boletín Oficial.
El cambio que impulsa este decreto, impone un tope y que se paguen montos razonables en concepto de honorarios. Si el honorario es mayor que la deuda, se le pone un tope: no podrá ser más del 20 %.
Otro punto importante que se modifica es que a partir de ahora se unifican todas las deudas en un solo reclamo judicial y se pagará honorarios a un solo mandatario. Hasta ahora si alguien tenía deudas de tres servicios distintos era derivado por la AGIP a tres mandatarios distintos.
A modo de ejemplo, si se toma como referencia una deuda de patentes con obligaciones impagas durante tres años, 2020, 2021 y 2022, con montos estimativos de $ 50 mil por año, un vecino hoy tiene que afrontar tres juicios distintos, que son asignados a tres abogados diferentes. Y debe abonar a cada uno de ellos el honorario mínimo estipulado.
Con la nueva disposición pagará lo que corresponde por la deuda, pero el valor de los honorarios se reduce a $ 120 mil.
Asimismo, a través de una disposición de la AGIP se elevan los montos mínimos de deudas judicializables, que son las que toman los mandatarios. En el caso de los impuestos de Inmobiliario/ABL y Patentes, el monto mínimo actual es de $ 148.900 y se propone elevarlo a $ 200 mil, un 34 % más.
Simultáneamente se enviará un proyecto de ley a la Legislatura tanto para elevar esos montos mínimos de deudas judicializables como para la condonación de deudas de muy menor valor cuya ejecución resulta antieconómica para la Ciudad.
