Cristian Bravo es una de las miles de personas que en la Argentina tiene un certificado de discapacidad trucho.  Elprimer paso consistió en robarle a una clienta (cuando fue a su casa a realizar un trabajo de plomería), el certificado, que estaba arriba de la mesada de la cocina, de su hijo discapacitado.

El segundo paso para el engaño fue todavía más fácil: Cristian le pidió a su hermano  -socio en su oficio de destapar cañerías- que plastificara el papel que había sustraído, registrado en la Agencia Nacional de Discapacidad con el número 129521. Unos strickers azules y blancos bajados de Internet completaron la burda maniobra. Y así fue como en pocas horas obtuvieron dos carteles relucientes que enseguida empezaron a usar en sus autos para estacionar en lugares indebidos y evitar multas.

El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es usado para obtener la cobertura integral de salud y medicación y también para tramitar el botín más preciado por los integrantes de la Argentina trucha: el Símbolo Internacional de Acceso, que otorga el derecho al libre tránsito y estacionamiento

El caso de los hermanos Bravo está lejos de ser el único; hay tantos «modus operandi» como certificados truchados.

Los derechos de los individuos que disponen de los símbolos de acceso están contemplados por la Ley nacional 19.279 y por la Ley de la Ciudad 2.148. Sin embargo -como suele suceder en nuestras latitudes-, hecha la ley, hecha la trampa.

Para complicar más el panorama, no sólo se aprovechan de un sistema ideado para personas con limitaciones de salud, sino que además lo aprovechan mal: tapan rampas, pisan sendas peatonales, usan cordones amarillos, tiran sus coches en la puerta de escuelas, hospitales o arriba de las veredas, entre otros atajos.

El caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es paradigmático ya que hay cada vez menos lugar para transitar. De lunes a viernes circulan 1.600.000 autos y la ciudad dispone de 364.369 espacios para estacionar en la vía pública y de 610.693 espacios entre cocheras privadas y comerciales; es decir, si quisieran estacionar todos al mismo tiempo, cuatro de cada diez conductores no tendrían dónde dejar sus vehículos. Estacionar sin ser multado o enganchado por la grúa es casi un milagro.

La ciudad está inundada de vehículos con certificados de discapacidad falsos. Con su uso, los conductores consiguen «beneficios» que no deberían conseguir. Para complicar más el panorama, no sólo se aprovechan de un sistema ideado exclusivamente para personas con limitaciones de salud, sino que además lo aprovechan mal: tapan rampas, pisan sendas peatonales, usan cordones amarillos, tiran sus coches en la puerta de escuelas, hospitales o arriba de las veredas, total la policía no los multará y/o la grúa no se los llevará.

Hay certificados con un titular real usado por uno trucho, certificados con discapacitados inventados y hasta certificados a nombre de muertos.

Hay estadísticas oficiales sobre la cantidad de discapacitados, pero no existe aún noción sobre la cantidad de falsos discapacitados. Pero basta agudizar la vista para comprender que hay demasiadas personas haciéndose las vivas y arruinando los derechos de los discapacitados.