La Legislatura porteña aprobó dos leyes propuestas por el Gobierno porteño que establecen exenciones impositivas a favor del sector privado de salud y en beneficio de comercios dedicados a la venta de bebidas y comidas.

Una de ellas exime del pago de Ingresos Brutos a los comercios dedicados a la venta de bebidas y comidas, ya sea con servicios de mesa, al mostrador o al paso. Con autoría de los diputados Sergio Abrevaya (GEN) y Marcelo Guouman (UCR/Evolución), se trata de una exención por los meses de mayo, junio y julio.

La medida surge para aliviar al sector gastronómico tras la implementación del Decreto Nacional 241/2021 “que dispone que los bares, restaurantes y locales comerciales en general deberán cerrar las puertas a las diecinueve horas (…) afectando seriamente su demanda y equilibrio económico”. Las medidas generan pérdidas en el sector ya que el horario nocturno representa un importante porcentaje en la facturación.

La Ley incluye a: – Servicios de restaurantes y cantinas sin espectáculo – Servicios de restaurantes y cantinas con espectáculo – Servicios de «fast food» y locales de venta de comidas y bebidas al paso – Servicio de expendio de bebidas en bares – Servicio de expendio de comidas y bebidas en establecimientos con servicio de mesa y/o en mostrador. – Servicio de expendio de helados.

La segunda ley con autoría de la legisladora Ana María Bou Pérez (Vamos Juntos), establece que las clínicas y sanatorios de la Ciudad no tendrán la obligación de pagar las cuotas correspondientes a mayo y junio 2021 del impuesto de Ingresos Brutos por los servicios de internación.

El proyecto explica que dado el incremento de casos de coronavirus “resulta imprescindible colaborar con el mencionado sector y brindar alivio fiscal a los contribuyentes que desarrollan dichas actividades para que puedan seguir combatiendo y paliando los efectos adversos de la actual emergencia sanitaria”.

La medida, que fue apoyada casi por la totalidad de los legisladores porteños, alcanza a las actividades comprendidas como «Servicios de internación excepto instituciones relacionadas con la salud mental”, y apunta a “evitar un deterioro en la calidad de sus prestaciones y la saturación del sistema de atención médica y sanitaria por pacientes afectados por el denominado aludido COVID-19”.