Hubo presunto pago de coimas, sobreprecios y facturas apócrifas que habrían sido avalados por las autoridades del Instituto de Cine y Artes Visuales (Incaa) entre 2014 y 2015. La Oficina Anticorrupción (OA) se presentó ante la justicia federal para que se tome declaración a testigos.

El objetivo de estos sobornos era para acelerar y aumentar el pago de subsidios de sus proyectos audiovisuales. Para tal acción se habrían utilizado facturas truchas para la producción y realización de películas y documentales. Hasta se ofrecían préstamos para hacer efectivas dichas trampas.

La causa se desarrollaba en el juzgado de Daniel Rafecas y pasó al juez Marcelo Martínez Di Giorgi con intervención de la fiscalía 7. Ahora se espera la citación de los imputados por los delitos de cohecho, malversación de fondos e incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos.

La investigación comenzó con la denuncia de varios productores que no aceptaron la propuesta de cohecho. Uno de ellos lo denunció ante el Ministerio de Cultura. El ministro Pablo Avelluto se presentó ante la Oficina Anticorrupción para sumar a otros denunciantes de estos sucesos.

25/09/2017